Denuncian al Régimen venezolano por crímenes de odio ante el TSJ de Venezuela en el exilio

Confilegal.- Cinco meses después de haberlo anunciado, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, y Manuel Rodríguez, líder de la Plataforma de Ayuda a Venezuela, han presentado hoy públicamente en España la denuncia formal ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio por crímenes de odio, representado por el magistrado de dicho órgano, Rafael Ortega.

Dicha denuncia es la consecuencia del informe detallado elaborado sobre las violaciones significativas de los derechos humanos acaecidos desde el inicio de la campaña electoral a la Presidencia de Venezuela, el 4 de julio de 2024.

Entre los datos más alarmantes de dicho informe destacan que al menos 35 personas fueron asesinadas por crímenes de odio y más de 1.300 manifestaciones fueron reprimidas violentamente, incluyendo ataques con armas de fuego por parte de grupos armados conocidos como «colectivos».

Además, se produjeron 2,400 detenciones arbitrarias, entre las que se incluyen indígenas, periodistas y presos políticos sometidos a torturas y condiciones inhumanas así como discursos de odio desde el Gobierno venezolano, con amenazas directas del candidato Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.

Los denunciantes buscan justicia para las víctimas de crímenes de odio cometidos en el contexto de la campaña electoral venezolana de 2024.

Así lo han explicado hoy Ibarra y Rodríguez junto a Miguel Henrique, representante de la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela en rueda de prensa.

Ibarra, en su intervención, ha subrayado la urgencia de actuar: “Estos crímenes no pueden quedar impunes. Es fundamental que se reconozca el sufrimiento de las víctimas y se haga justicia”.

Por su parte, Rodríguez enfatizó que esta denuncia es un llamamiento a la comunidad internacional para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela.

La denuncia invoca la legislación venezolana, tratados internacionales y sentencias emblemáticas para respaldar las acusaciones.

En la denuncia se cita la Ley Constitucional contra el Odio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tratados como la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

Además, se destacan precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos similares.

Los denunciantes solicitan una acción mero-declarativa que reconozca el derecho a la justicia de las víctimas y ordene la reparación de los daños. Una acción mero declarativa es un tipo de demanda legal que se utiliza para que un juez confirme o aclare algo, en este caso una situación como que vive Venezuela, sin pedir que se haga algo más.

Tiene su origen en el derecho romano. En el derecho español está contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este paso es crucial, aseguran, debido a la imposibilidad de obtener justicia en el sistema judicial venezolano actual, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro.

QUÉ ES EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA EN EL EXILIO

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, conocido como TSJ en el exterior, es un órgano judicial paralelo establecido el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional de Venezuela.

Este tribunal fue creado en respuesta a la crisis institucional y política que enfrentaba el país, y está compuesto por 33 magistrados que se encuentran exiliados en varios países, incluyendo Panamá, Chile, Colombia, Estados Unidos y España.

El TSJ en el exilio se ampara en la jurisdicción universal y se basa en principios de tribunales internacionales como los de Núremberg y los de la antigua Yugoslavia. Su objetivo es actuar como una instancia judicial legítima para Venezuela, a pesar de no ser reconocido por el gobierno de Nicolás Maduro ni por el Tribunal Supremo de Justicia oficial dentro del país

Este tribunal ha recibido reconocimiento por parte de organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, que lo consideran un órgano legítimo del poder judicial venezolano. Sin embargo, su autoridad es cuestionada por el gobierno venezolano, que lo considera ilegítimo.

Los magistrados del TSJ en el exilio se reúnen semanalmente a través de Internet y trabajan diariamente en las solicitudes que reciben. Han emitido varias decisiones, incluyendo la nulidad de actos legislativos del gobierno y el reconocimiento de ciertos candidatos opositores en elecciones

La presentación de esta denuncia representa un avance significativo en la lucha por los derechos humanos en Venezuela, destacando la importancia de los tribunales en el exilio como una alternativa viable para las víctimas de un sistema judicial que, según los denunciantes, ha sido instrumentalizado por el régimen.

La denuncia queda ahora en manos del TSJ en el exilio, cuyo fallo podría marcar un precedente importante para futuras acciones judiciales y políticas en el contexto venezolano.